La Ley Concursal recoge, en su artículo 21, los dos tipos de concurso de acreedores: voluntario o necesario:

• Concurso voluntario: cuando se propone un concurso voluntario lo que ocurre es que el propio administrador de la empresa deudora o, en su defecto, el consejo de administración acude al juzgado de lo Mercantil con el fin de iniciar el proceso concursal, designando un administrador concursal. Este gesto expresa la voluntad de liquidar la empresa y cerrarla o de llegar a un acuerdo de pago con los acreedores. De este modo se espera reducir las deudas dando continuidad a la sociedad.
• Concurso necesario: uno o varios de los acreedores de la empresa instan la presentación del concurso de acreedores. Hay que tener muy en cuenta que el origen del procedimiento va a influir necesariamente en las facultades de administración del concurso, así como en la disposición del deudor respecto a su patrimonio.

Una vez que el procedimiento concursal se ha abierto es posible que resuelva de tres maneras distintas:

• Mediante un acuerdo con los acreedores: pese a que es la solución más favorable para todos es la más compleja y difícil. De hecho, solo ocurre en un pequeño porcentaje de los casos.
• Liquidación y venta de activos: el administrador concursal analiza y estudia qué activos hay, como inmuebles, vehículos, maquinaria, etc., con el fin de poder venderlos y así hacer frente a las deudas. Se trata de la solución más prevalente en la actualidad.
• Venta de la empresa o de una parte de la misma: otra de las salidas ante un concurso de acreedores es la venta de la empresa en su totalidad o solo en parte. En este caso se puede negociar el mantenimiento del negocio y de los puestos de trabajo.

Nuestro equipo de abogados especializados en derecho concursal te ayudará a resolver el problema determinando un procedimiento óptimo para tus intereses. El estudio previo y pormenorizado del caso es fundamental para dar con la mejor solución. Por ello, la presencia de un abogado concursal es tan importante.

La legislación vigente en España es clara respecto a estos temas. Hoy en día contamos con la Ley Concursal y con la famosa Ley de Segunda Oportunidad. Ambas leyes están inspiradas por principios éticos y su función es la de salvar en la medida de lo posible el cobro de los acreedores. Por lo tanto, son leyes que pretenden cumplir una función social sin olvidar la efectividad del cobro de las deudas.

• El concurso de acreedores es una figura jurídica específica que reemplaza a las quiebras y suspensiones de pago, simplificándolas en un único procedimiento legal.
• Los mecanismos de segunda oportunidad lo que pretenden es salvar la mala situación de quien no puede hacer frente a sus deudas. Pese a que las personas físicas ya podían acudir al concurso de acreedores, la Ley de segunda Oportunidad establece mecanismos más concretos para estos casos. Si el deudor cuenta con un buen historial crediticio, esta herramienta es idónea para solventar una situación de crisis concreta.