Recurso contencioso-administrativo

El recurso contencioso-administrativo consiste en un procedimiento jurídico que es interpuesto en contra de disposiciones generales y, también, contra los actos que son expresos y presuntos, ejecutados por la Administración Pública central, autonómica o local,  poniéndole fin a la vía administrativa.

¿Dónde está regulado el recurso contencioso-administrativo?

En la Ley 29/1998 del 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se encuentra la base legal del recurso contencioso-administrativo. Específicamente en el Título III Objeto del recurso, donde podrá conseguir las nociones básicas que deben tomarse en cuenta en el momento de aplicar este procedimiento judicial.

¿Qué actividad administrativa es impugnable ante este recurso?

Según el artículo 25 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, se plantea sobre la actividad administrativa impugnable lo siguiente:

  1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general, y con los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que ponen fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite. Si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
  2. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley.

¿Qué tipos de procesos contencioso-administrativo existen?

Existen tres tipos de procesos contencioso-administrativo:

–      Procedimiento ordinario

Se encuentra regulado en los artículos 43 a 77 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Previamente a la interposición del recurso contencioso, el recurrente deberá cumplir un requisito previo que consiste en el agotamiento de los recursos administrativos hasta finalizar toda la vía administrativa, o puede formular las reclamaciones que tengan lugar contra la inactividad administrativa.

–      Procedimiento contencioso-administrativo abreviado

Son los que se deducen en las materias conocidas por los Juzgados Contencioso Administrativo, siempre que su cuantía no exceda los 13.000 €.

También tienen que ver con aquellas situaciones de personal que no estén referidas al nacimiento o extinción de la relación de servicio de cada funcionario público profesional; las mismas serán sustanciadas por el procedimiento abreviado que se regule en este artículo.

Este procedimiento abarca los casos sobre extranjería e inadmisiones referentes a las peticiones de asilo político.

–      Recurso contencioso-administrativo de protección de derechos fundamentales

Este recurso contencioso-administrativo para la protección de derechos fundamentales, también es conocido como Procedimiento Especial. Suele interponerse a la hora de exigir el amparo judicial de las libertades y derechos, previstos en el art. 53.2 de la Constitución Española.

El plazo de interposición de este recurso es de 10 días, que serán contados desde el día siguiente al de notificación del acto, que también será de la publicación de la disposición impugnada, el requerimiento para el cese de la vía de hecho o el transcurso del plazo previamente fijado para la resolución, sin más trámites que agregar.

¿Cuáles son los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo?

Los Juzgados que se encargan del enjuiciamiento de los procesos legales son:

  • Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
  • Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
  • Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
  • Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
  • Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

¿Qué competencias tienen los Juzgados Contencioso-Administrativo?

Los Juzgados deben manejar las siguientes situaciones relativas a:

  • Los recursos contencioso-administrativos relacionados a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la situación relacionada a las indemnizaciones que sean ejecutables, relacionado con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de cada Comunidad Autónoma, cualquiera que sea la naturaleza de los mencionados actos.
  • Los actos de preparación y adjudicación de los contratos administrativos, y los demás que estén sujetos a la ley de contratación de las Administraciones Públicas.
  • Los actos y las disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público, que sean adoptadas bajo el ejercicio de funciones públicas.
  • Los actos administrativos de control y fiscalización que sean dictados por la Administración concedente, siempre respecto a los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que necesiten del ejercicio de potestades administrativas realizadas a los mismos.
  • La responsabilidad de patrimonio de las Administraciones Públicas sin importar la naturaleza de su actividad o el tipo de relación que resulte, imposibilitando las demandas, por este motivo, frente a las órdenes jurisdiccionales civil o social.
  • Todas las materias que la Ley atribuya expresamente.

¿Qué actos son excluidos de la jurisdicción contenciosa?

Principalmente, son pocas las cuestiones excluidas de esta jurisdicción. Sobre todo, las que son expresamente atribuidas a las órdenes jurisdiccionales civil, social y penal, sin importar que se relacionen con la actividad de la Administración Pública.

También se excluye el recurso contencioso-administrativo militar en esta materia, y los conflictos de jurisdicción existentes entre los Juzgados, Tribunales y la Administración Pública, además de los conflictos existentes en las atribuciones entre los órganos de una misma Administración.

¿Quién controla la representación procesal en el recurso contencioso-administrativo?

Frente a los órganos unipersonales de la jurisdicción contencioso-administrativa, las partes que están en el recurso deberán delegar su representación en la personación en un recurso contencioso-administrativo a un procurador, y deberán recibir asistencia en cualquier caso en un abogado especialista en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Cuando ya sea conferida la representación al abogado, será él quien reciba las notificaciones de las actuaciones.

Para dejarlo claramente especificado, frente a cualquier órgano colegiado, es decir Tribunal Superior de Justicia o Sala de lo Contencioso Administrativo, las partes tienen que conferir su representación a un procurador, y además recibir asistencia de un abogado.

¿Cómo es la representación procesal de funcionarios públicos?

Según lo estipulado en el artículo 23 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, los funcionarios públicos en los actos relativos a situaciones personales o derechos estatutarios pueden manejarse por sí mismos, mientras que los demás involucrados necesitarán de un abogado y/o procurador.

¿Cuáles son los plazos de la interposición del recurso?

Para controlar los plazos para la interposición del recurso contencioso-administrativo, debe mencionarse lo siguiente:

–      Actos expresos

Empieza en dos meses a partir del día siguiente de la publicación de la disposición administrativa que ha sido impugnada, o al de la notificación y publicación del acto que finalice la vía administrativa siempre que sea expreso.

–      Actos presuntos

Transcurre luego de seis meses que serán contados para el solicitante y los posibles interesados, desde el día siguiente a que se produzca el acto administrativo presunto.

No obstante, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia del 10 de abril de 2014, establece que cuando la Administración rechaza una petición de un particular por silencio administrativo, no existe plazo para interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

¿Qué competencias controlan los Juzgados Centrales Contencioso-Administrativos?

Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo tienen su sede fija en Madrid y sus competencias principales son tres:

–      Competencia en materia de personal

En primera o única instancia tiene que ver con los actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, a excepción de que se refieran al nombramiento o destitución relacionada con el servicio de un funcionario de carrera, o a las materias especificadas sobre personal militar.

–      Competencia contra actos de la Administración General del Estado

Esta es la única instancia contra los actos ocasionados por los órganos centrales de la Administración General del Estado en los supuestos previstos en la Ley.

–      Competencia contra disposiciones generales

Consiste en la primera o única instancia de los recursos contencioso-administrativos que sean interpuestos contra las disposiciones generales, y contra los actos que emanan de los organismos públicos con personalidad jurídica y entidades que pertenecen al sector público estatal con competencia en toda España.

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